Trampas (10). Caso Batasuna: empalabrar, o sea, empapelar

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             La revisión de algunas de las informaciones que se publicaron sobre el proceso de ilegalización —también llamado deslegalización: cuestión de matiz, o quizá simple eufemismo— de Batasuna nos servirá para ilustrar que el metabolismo primordial del periodismo es de naturaleza lingüística: en toda la tarea informativa y en la misma información, claro. Que las informaciones son textos —y digo textos en un sentido preteórico, intuitivo— escritos, orales o audiovisuales, esto lo tiene claro todo el mundo, pero que en la labor informativa pretextual las periodistas remueven y manejan sobre todo y casi en exclusiva textos escritos, orales o audiovisuales que fuentes diversas facilitan de acuerdo con sus estrategias y sus intereses, esto se olvida a menudo. Basta con repasar un periódico cualquiera para comprobar que una buena parte de las noticias y del material informativo remiten a declaraciones que han hecho unos y otros, o a despachos de agencia, o a comunicados de prensa, o a informes de gabinetes, etcétera. Quiero decir que en la información lo que no son palabras son datos o eso que llamamos hechos, pero tanto los datos como les hechos o nos llegan empalabrados o se de han de empalabrar, o sea que a fin de cuentas todo son palabras: palabras que refieren otras palabras, y palabras que refieren hechos. Es por esto que hablo de la constitución lingüística del periodismo. Expresado de este modo —al fin y al cabo todo son palabras—, el asunto puede parecer muy simple, pero resulta que es bastante más complejo de lo que parece, y además bastante engañoso.
Los hechos inmediatos que desataron a mediados de agosto del 2002 la aplicación de la llamada Ley de partidos políticos contra Batasuna se refieren a las evasivas o negativas (y esto ya son interpretaciones o valoraciones de su silencio o de su abstención) de los representantes políticos de la coalición abertzale a suscribir ninguna moción institucional de condena del atentado mortal de Santa Pola (Alicante) que aprobaron, por ejemplo, los parlamentos de Euskadi y de Navarra, o los ayuntamientos de San Sebastián, Vitoria y Pamplona entre otros. Subrayo que los hechos básicos, a menudo enmascarados, de la supuesta actitud delictiva de Batasuna fueron sus repetidos silencios y abstenciones en la votación de las numerosas mociones de condena del atentado de ETA (04-08-02), que mató a una niña de seis años y a un hombre de 57. Los hechos son los hechos, podríamos argüir, ¿no?, pero para poder comunicarlos se tienen que empalabrar. Pero un hecho como éste, o cualquier otro, no sólo lo empalabran los medios de comunicación, sino también otros muchos actores sociales, políticos, institucionales, religiosos, judiciales… En fin, que un mismo hecho de referencia tendrá una identidad verbal u otra según quien lo empalabre, es decir, según quien informe y lo informe, lo cual puede llevar a que un mismo hecho de referencia parezca una cosa o exactamente la contraria según quien la explica, según cómo la nombre. Como en la vida privada, vaya.
En contra de la absurda objetividad tantas veces proclamada, los medios presentan los hechos, o los dejan de presentar, de acuerdo con su punto de vista, su ideología y sus intereses, algo que en principio no tiene por qué ser ilegítimo, y que de todos modos es inevitable. Y esto significa que el proceso de convertir los hechos en palabras —o las palabras en hechos, que a su vez habrá que empalabrar ,— es de naturaleza interpretativa y valorativa, lo cual no impide que diversos medios o interlocutores no puedan coincidir más o menos en su apreciación de los hechos, o discrepar abiertamente, claro. Así, por ejemplo, al día siguiente de que la Junta de Portavoces de Parlamento Vasco aprobara una resolución de condena del atentado, con el voto a favor de todos los grupos excepto Batasuna, que se abstuvo, El País titulaba en portada que “Batasuna se niega a condenar a ETA en el Parlamento vasco” (08-08-2002).
Advertimos que el título va más allá de lo que es, para entendernos, el hecho objetivo del que se informa —Batasuna se abstiene, o sea que no aprueba la moción de condena, ni la desaprueba—, y realiza una claro juicio de intención, que le adjudica —se niega a condenar—, tan legítimo y razonable como se quiera, pero que quizá otros no compartirán, unos porque entiendan que peca de corto, otros porque quizá lo encuentren excesivo. Así, el mismo diario destacaba en el subtítulo que “el silencio es sólo silencio”, según el PNV”, y en cambio para el PP el silencio era una prueba de cargo concluyente, definitiva contra Batasuna:
“En opinión de Carlos Urquijo [portavoz del PP en el Parlamento vasco], “el silencio” de Morcillo [portavoz de Batasuna] al no querer condenar a la banda terrorista transforma “en certeza judicial” la “certeza moral” de que Batasuna es ETA. Rodolfo Ares [portavoz del PSE] indicó que la abstención de Batasuna pone de relieve que “ampara, cuando no colabora” con las acciones terroristas. El PNV replicó que “el silencio” es sólo “silencio” (El País, 08-08-2002).

Vemos, pues, como un mismo hecho —la abstención del portavoz de Batasuna— es percibido de modo desigual: si El País interpreta que “Batasuna se niega a condenar a ETA”, el portavoz del PP va mucho más allá y asegura que el silencio confirma, no sólo con valor moral, sino también judicial, que Batasuna es ETA; en cambio el PNV considera que “el silencio es sólo silencio”, lo que no deja de ser también otra interpretación del silencio de Batasuna, tan interesada o tendenciosa como lo puedan ser las otras. Los interlocutores políticos y mediáticos hacen su interpretación contextual (y política, claro) del significativo silencio de Batasuna, valoran y expresan a su manera la abstención literal en la votación de la moción de condena: aunque parezca un contrasentido, empalabran el silencio, o sea, le atribuyen un sentido, porque es un silencio intencionado, claro, y a fin de cuentas el significado se resuelve en la intención . Ya se sabe que no hace falta abrir la boca para pronunciarse y hacerse entender, que un silencio puede ser altamente expresivo. Para salir de dudas, veamos un ejemplo: supongamos que dos personas, A y B, se pelean, y que C, que es amigo íntimo de A y testigo directo de la riña, cuando le preguntan quién ha comenzado el altercado, calla. Parece claro quién ha sido, ¿no? O dicho de otro modo, el silencio de su amigo íntimo le señala y le acusa abiertamente. El amigo siempre puede decir que él no ha dicho nada, claro, pero me parece que al camorrista no le hará mucha gracia que, además de delatarlo, lo trate de idiota. Y llegado el caso, resultaría más significativo el elocuente silencio del amigo que la acusación vehemente de un amigo del rival, porque el sentido del silencio, como el de las palabras, es determinado en último extremo por el contexto, la relación entre los interlocutores, por ejemplo. Mejor dicho, el contexto determina la interpretación de las palabras y de los silencios. Como en el caso de Batasuna, el silencio intencionado es un texto (por omisión) tan significativo como pueda serlo cualquier texto: sin decir nada, dice o da a entender mucho, por lo menos tanto como calla. Como decía Teun van Dijk, “también el no-hacer puede ser interpretado como una acción (como un ‘dejar que ocurra’), si nuestro no-hacer es intencional” (Van Dijk, 1983: 88). Lo recoge también el Código Penal: la omisión del deber de socorro, o sea, el dejar de socorrer a alguien, es un delito: la omisión no es más que otro tipo de acción. Tantas consecuencias tiene el hacer como el dejar de hacer. Lo de la neutralidad es un mito, propio de infelices o de caraduras. La neutralidad de la Gran Bretaña y Francia cuando el golpe militar de Franco: ¡anda que no era una neutralidad interesada e hipócrita!
La interpretación, pues, no sólo es necesaria, sino que además es inevitable. Ahora bien, que la interpretación sea aceptada o no, esto dependerá por un lado del grado de verosimilitud que la periodista sea capaz de aportar a la interpretación de los datos y los hechos, de lo razonable que sea su interpretación y, por otro lado, de la predisposición del lector u oyente a aceptar tal percepción o lectura de los hechos. Sobra decir que el desacuerdo en la interpretación puede llegar a ser notable, incluso resultar contradictorias, incompatibles, las versiones de lo ocurrido, en función sobre todo de si quien interpreta está muy o poco implicado en el asunto, y de si éste se percibe como más o menos grave. En el envenenado caso de antes, la percepción que PNV y PP tenían del silencio de Batasuna es casi opuesta: mientras que unos se agarran a la literalidad de la expresión —“el silencio sólo es silencio”—, los otros intuyen o, mejor dicho, entienden este silencio como una declaración formal de apoyo a ETA, y es en razón de esta interpretación (luego sancionada por los jueces) que el PP llama terroristas a los miembros de Batasuna: extraños terroristas porqué, más de tres años después de su ilegalización, aún andan sueltos. En consecuencia, cada lector decidirá, en función de los datos de qué dispone y de su punto de vista, qué interpretación le parece más consistente, más convincente o, sencillamente, cuál le conviene más a sus intereses (ideológicos, políticos, económicos…), porque en los conflictos nos resulta tan difícil admitir las razones de los otros como reconocer nuestros propios intereses en el asunto.
Los medios de comunicación nunca son unos intermediarios neutros, nunca, por acción o por omisión siempre toman un partido u otro (o lo dejan de tomar, que también es un modo de tomarlo, si no el peor), algo que en principio es muy lícito, inevitable de todos modos. Pero una cosa son las legítimas aunque discutibles interpretaciones mediáticas y políticas de la actualidad, y otra muy distinta es que tales interpretaciones, más allá de la certeza moral que la información puede acreditar de modo razonable, tengan un carácter de prueba concluyente, de certeza judicial y de consecuencia penal, que es lo que proclamaba el portavoz del PP en el Parlamento vasco. Y ésta era exactamente la carambola que pretendía el Gobierno del PP cuando demandó al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna, a quien considera “el brazo político de ETA”. Y aunque en términos mediáticos, políticos y morales la acusación tiene un claro fundamento y resulta convincente —de hecho, mucha gente lo ve así—, igualmente parece que no tendría que tener consistencia jurídica ni consecuencia penal el juicio de intenciones que básicamente sostenía la denuncia promovida por el gobierno de Aznar. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, lo argumentaba de modo impecable una semana antes de que el Congreso de los Diputados acordara instar al Gobierno a solicitar la ilegalización de Batasuna:
“Aunque es probable que en el escrito del Gobierno en el que se formalice la solicitud de ilegalización sean diversos los motivos que se aleguen, a nadie se le oculta que el origen de la solicitud está en el reciente atentado de Santa Pola y en la negativa de la dirección de Batasuna a condenar dicho atentado […].
“Dicho en pocas palabras: la Ley de Partidos se va a aplicar no por la justificación del atentado, sino por la no condena, por el silencio de Batasuna ante el atentado de ETA.
“[…] un partido político sólo puede ser declarado ilegal por el juez penal y en un proceso con todas las garantías constitucionales del proceso penal, entre las que figura el derecho a guardar silencio, no declarar contra uno mismo y no confesarse culpable. En el proceso penal, el que calla nunca otorga, sino que simplemente no dice nada. O el que habla ambiguamente.
“[…] El derecho a que nadie te pregunte sobre lo que piensas acerca de una determinada cuestión o a que te hagan un juicio de intenciones con consecuencias jurídicas sobre lo que has querido decir al pronunciarte sobre un determinado acontecimiento es casi el único derecho fundamental que no tiene límites. La no condena o el silencio de Batasuna ante el atentado de Santa Pola, por repugnante que resulte, queda amparado por este derecho fundamental. Es absolutamente impenetrable desde el exterior. Y no se puede extraer ninguna consecuencia jurídica del mismo.
“[…] No tengo la menor duda de que Batasuna ha pretendido justificar el atentado de ETA en Santa Pola. Pero ese análisis es jurídicamente irrelevante. Un juicio de intenciones no tiene cabida en un proceso de ilegalización de un partido político” (El País, 20-08-2002).

Pérez Royo delimita con claridad la frontera entre los territorios penal y moral, que coinciden con la interpretación judicial por un lado, y la mediática o política por el otro. Para entendernos, la certeza o la convicción moral pueden validar la interpretación mediática y política del silencio intencionado de Batasuna, y en este sentido legitiman el juicio de intenciones que hacía El País, por ejemplo, al titular que “Batasuna se niega a condenar a Eta en el Parlamento vasco”, pero difícilmente habrían de poder fundamentar una sentencia de ilegalización, porque judicialmente el silencio sólo es o sólo habría de ser silencio, o esto es lo que decía hasta hace poco la ley . Si Batasuna no había condenado el atentado de ETA, esto de hecho implicaba que lo disculpaba, que lo entendía o que lo vindicaba, pero en buena ley no lo justificaba: de hecho, sí, pero de derecho, diría que no, sobre todo después de examinar el informe que los servicios jurídicos del Estado español habían preparado para fundamentar la petición de ilegalización de Batasuna. El informe documenta 23 hechos que, según el ministro de Justicia de entonces, José María Michavila, eran “jurídicamente relevantes” para demostrar que Batasuna es “el brazo político de ETA”, pero que son más bien datos que se limitan a registrar los silencios y las abstenciones de la coalición abertzale en las distintas votaciones de mociones de condena. Esto y el pasmoso malabarismo de convertir el silencio en una confesión con todas las de la ley. Las cuatro primeras imputaciones, por ejemplo:
“1. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria, reunida el 5 de agosto, adopta, ante el atentado de ETA en Santa Pola, en el que murieron una niña de seis años y un hombre de 57 y resultaron heridas otras 34 personas, un acuerdo de condena. Lo suscriben todos los grupos excepto EH.
“2. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián aprueba el 5 de agosto una propuesta de condena del mismo atentado. La apoyan todos los grupos presentes (PSE-EE, EA-PNV y PP) excepto el representante del Grupo Donostiako Sozialistak Abertzaleak, en el que se integra Batasuna.
“3. La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra acuerda el 5 de agosto “expresar la rotunda condena” del atentado y manifestar la solidaridad y sentimiento de pesar”, sin que este acuerdo sea respaldado por los parlamentarios de Batasuna.
“4. El pleno del Ayuntamiento de Pamplona condena el atentado el 31 de julio [sic] con el voto favorable de todos los grupos excepto los representantes de Batasuna”. (El País, 22-08-2002).

En los cuatro puntos, no hay explícitamente nada que no sea o silencio o abstención en alguna votación o, a lo sumo, una no condena del atentado, pero, como bien dice Pérez Royo, por repugnante que resulte el silencio de Batasuna, en un juicio difícilmente se podría inferir del mismo una justificación del atentado, que es lo que intentaba de manera tan simple como precaria el mismo documento del Estado cuando, como elemento de prueba número 7, recoge el acuerdo del siete de agosto del Parlamento vasco contra el atentado de Santa Pola en el que, concluye, “Batasuna a través de la no condena apoya tácitamente el terrorismo”. Mal vamos si interpretaciones y juicios de intención de este calibre y objetivamente tan poco fundamentados —el silencio parece un material deficiente— tienen consecuencias penales. Otra cosa es que las páginas de información estén llenas de interpretaciones y de juicios de intención, que si son arbitrarios o gratuitos descalificarán al diario, pero que en general no precisan el aval de las pruebas concluyentes, basta con que sean verosímiles, razonables, fundamentadas, y en este sentido argumentadas, o sea, que si bien no son definitivas y en alguna medida pueden ser discutibles, igualmente pueden resultar convincentes o por lo menos suscitar dudas, aquello de decir, bien, yo diría que no es así, pero también podría ser que sea así.

Quiero decir que, por ejemplo, si una periodista arranca un simple silencio al preguntar a un político sobre el que hay sospechas de corrupción si ha aceptado dinero a cambio de no sé qué favor administrativo, pues ya habrá conseguido una noticia de primera página, porque moralmente ese silencio equivale a una confesión: nadie entenderá que si alguien tiene la conciencia limpia, luego dé la callada por respuesta cuando le endilgan una acusación así de grave. Al día siguiente, la periodista podrá titular sin miedo ni pesadumbre que el político K aceptó un soborno del constructor A. Pero así como el significativo silencio del político es un argumento suficiente de la información (que ya hemos dicho que es una interpretación o valoración contextual de los datos), el mismo silencio sólo debería ser una prueba precaria o insustancial ante un tribunal.

El periodismo se mueve siempre, por activa y por pasiva, por el territorio relativo —y por eso mismo discutible, polémico, conflictivo— aunque no arbitrario, sino argumental, de la interpretación, porque más allá de los hechos documentados (o sea datos), más allá de las declaraciones y de los silencios, habrá que dilucidar un sentido revelador, unas intenciones disimuladas u ocultas (subrayo un sentido, unas intenciones, y no el sentido o las intenciones, porque la interpretación es por principio un dominio donde casi todo es posible, incluso probable, pero también inestable, discutible, y en potencia conflictivo, donde casi nada es definitivo). Así, por ejemplo, cuando se supo que el juez Baltasar Garzón estaba a punto de ordenar la suspensión durante tres años de las actividades de Batasuna, Arnaldo Otegi dijo en conferencia de prensa, y en referencia al Gobierno vasco, “que no se les pase por la cabeza utilizar los mecanismos de que disponen para golpear a Batasuna, cerrar sus sedes y colaborar con la estrategia genocida del Estado español”. ¿Qué es lo que dijo Otegi? O mejor dicho, ¿qué quería decir cuando dijo lo que dijo? O más claro, ¿con qué intención dijo Otegi lo que dijo? Lo que dijo, ya lo sabemos; las palabras, las conocemos; pero el sentido habrá que interpretarlo: y en la interpretación de las palabras, estará quizás lo que dijo Otegi pero sobre todo estará lo que entendió o quiso entender el intérprete. En este caso, las palabras transparentan la intención, y por eso no es nada extraño sino razonable que todo el mundo las interpretara en una misma dirección, como una amenaza apenas disimulada, no sólo por las palabras, sinó también por los gestos y el tono con que Otegi las dijo en esa situación. Al día siguiente, muchos periódicos coincidían en destacar en portada el tono y la intención de amenaza del portavoz de: “Otegi amenaza al Gobierno vasco e Ibarretxe le replica que cumplirá la ley” (El País); “Batasuna amenaza al Gobierno vasco si colabora en el cierre de sus sedes” (El Mundo); “Otegi amenaza al Gobierno vasco e Ibarreche responde que cumplirá la ley” (La Razón); “Otegi amenaza a Ibarretxe para que “no se le ocurra” actuar contra Batasuna” (ABC); “Ibarretxe asegura que cumplirá la ley contra Batasuna pese a las amenazas” (La Vanguardia). “Otegi amenaza Ibarretxe si la Ertzaintza ayuda a Garzón” (El Periódico). Curiosamente, El Mundo abría la sección de Arriba España con un título que con una simple ecuación de igualdad expresaba el elemental ejercicio de interpretación que hay detrás de los seis títulos citados: “Batasuna amenaza a Ibarretxe: “Tendrá cumplida respuesta si se une al Estado para aniquilarnos”.
De todos modos, la amenaza no dejaba de ser en un sentido estricto implícita por mucho que pudiera parecer evidente, y justamente esto, la condición implícita de la intención, sólo accesible mediante la interpretación contextual, es lo permitió que dos días después el mismo Otegi dijera que cuando dijo lo que dijo —“Que no se les pase por la cabeza utilizar…”— no pretendía amenazar al Gobierno vasco, sino sólo apelar a la “responsabilidad” de Ibarretxe a fin de que “no participe de una estrategia que busca aniquilar a la segunda fuerza en las anteriores elecciones municipales”. Amparado por la relativa ambigüedad de sus palabras, Otegi ahora puede decir lo que quiera, claro, pero sólo un crédulo o un acólito podría tragarse una rectificación tan cínica.
Aún otro ejemplo para acreditar la clase de amalgama con que se elabora la información de actualidad. A finales de noviembre de 1996, el entonces presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, hacía entrega del certificado de calidad europea ISO 9002 a Codorníu, en un acto que tuvo lugar en la histórica sede de la empresa cavista en Sant Sadurní d’Anoia. Por más pompa institucional que se les dé, ceremonias de este tipo tienen poca cuerda informativa, un breve, una fotonoticia o directamente una foto publicitaria y poco más. Y sin embargo, aquella visita de Pujol a Codorníu, a quien acompañaban el entonces consejero de la Presidencia, Xavier Trias, y el titular de Agricultura correspondiente, Francesc Xavier Marimon, tuvo un considerable eco en la sección de economía de la mayoría de periódicos, que en unos casos le dedicaron una media página (El País, El Periódico) y en otros casi página entera (La Vanguardia, Avui).
Los discursos no se apartaron especialmente del guión previsible, de los tópicos que brindaba la ocasión, aquello de la feina ben feta , tan del gusto por otro lado del President de CiU y de Catalunya. En su intervención, Pujol subrayó que no acostumbraba a aceptar invitaciones de este tipo, pero que en este caso lo había hecho porque, dijo, “Codorniu és una empresa emblemática”. Claro que, entre tópicos y cumplidos, Pujol soltó algún que otro revés impreciso pero fácil de interpretar:: “A Catalunya tots sabem la qualitat del cava; ara el que cal és que se sàpiga a l’exterior. És clar que hi ha gent que fa les coses bé, obsessivament bé, diria, i també n’hi ha de barroers” . Si no disponemos de otra información, el revés del president parece más un gesto meramente retórico que no un codazo intencionado, que es lo que fue, o lo que muchos interpretamos que fue. Especulaciones al margen, ¿qué explicaba la atención informativa que los medios brindaron al acto? Muy fácil, el contexto: la llamada guerra del cava que había estallado en febrero de 2002 cuando Codorniu y Freixenet, las dos grandes empresas del sector, se cruzaron denuncias de producción fraudulenta. Codorniu había demandado a Freixenet por competencia desleal, le acusaba de haber sacado el mercado unos 20 millones de botellas de cava sin los nueve meses de crianza reglamentarios. Por su parte, Freixenet acusaba a Codorniu de haber obtenido una exagerada sobreproducción de uva en la finca de Raimat gracias al riego irregular de las viñas (unos 40.000 quilos por hectarea cuando la normativa sólo autoriza 12.000), y además también demandaba a Codorniu por plagiar su popular botella de cristal esmerilado, la del anuncio navideño.
Sobra decir que el conflicto preocupaba a la administración, sobre todo porque veía peligrar la notable cuota de mercado internacional del cava, algo que podía arrastrar a un sector acreditado, sólido y en expansión a una crisis demoledora. En este contexto, cualquier visita de Pujol a Codorniu, y más una visita institucional como aquella, motivada además por la concesión del certificado europeo de calidad, entrañaba un significado granítico que no escapaba a nadie, por mucho que Pujol se esforzara en decir que su visita “no tenía nada que ver con el conflicto, porque había sido fijada hace tiempo” (La Vanguardia, 29-XI-1996), algo que por otro lado era difícil de tragar porque la guerra del cava hacía ya diez meses que duraba y me extraña que la entrega de un premio a la calidad se pacte un año antes: ¿Un año entes de ser concedido, quizás? ¿O es que una vez concedido, la entrega se aplazó doce meses? Vamos, que no, no pasa ni con cava.
En estas circunstancias, pues, las vagas referencias de Pujol a los que hacen la cosas bien y a los chapuceros se iluminaban como un anuncio, y lo que para unos era un aplauso público (explícito), para los otros era un bofetón tan sonoro como furtivo (implícito). Quiero subrayar que, en ese contexto, tan significativa resultaba la visita de Pujol como significativa habría sido la suspensión de la visita, igualmente significativas: la misma intensidad pero en sentidos opuestos. Y no hace falta decir que Pujol sabía muy bien lo que se hacía, que sabía donde estaba, qué se cocía, qué decía y, sobre todo, qué daba a entender sin decirlo, que tampoco hacía falta: los periodistas ya se encargarían de traducirlo, o de hacerle el trabajo sucio. Naturalmente, las dos empresas en litigio interpretaron del mismo modo la visita presidencial:
“Jordi Raventós, director general del grupo Codorníu, fue más explícito al interpretar que la presencia de Pujol, dos consejeros y un director general, significaba que daban “un espaldarazo” a sus posiciones”. Freixenet se mostró “sorprendida” por el gesto de Pujol”. (El País, 29-XI-1996).
“Un portavoz oficial de Freixenet subrayó que “estamos alucinados por el apoyo institucional a Codorníu”, aunque reiteró el interés de la empresa por alcanzar un acuerdo que permita cerrar la “guerra del cava”. No obstante, y según fuentes próximas a Freixenet, el armisticio podía haberse firmado ayer mismo, pero la visita de Pujol a Codorníu encrespó los ánimos al interpretarse que el presidente de la Generalitat tomaba partido por una de las dos compañías.” (La Vanguardia, 29-XI-1996).

Asimismo, los titulares de los periódicos daban igual sentido a la visita de Pujol. Otra cosa era que la interpretación fuera implícita o explícita, formulada por el diario o bien atribuida a alguien, o que la noticia se centrara en la visita o en les consecuencias inmediatas, igualmente interpretadas por el periódico, claro:

“El apoyo público de Pujol a Codorníu irrita a Freixenet y envenena la “guerra del cava” (La Vanguardia).
“Codorníu firmará la ‘paz del cava’ tras recibir el respaldo público del Govern” (El Periódico).
“Pujol dóna suport implícit a la firma degana del sector per forçar l’acord del cava” (Avui, subtítulo).
“Codorníu interpreta la visita de Pujol como un apoyo en la guerra del cava” (El País).

Dos puntos del caso expuesto me parecen fundamentales. En primer lugar, que lo que da relevancia informativa a la visita de Pujol es el contexto de interpretación, la guerra del cava, y que fuera de este contexto, la noticia no tiene interés periodístico alguno. En segundo lugar, que la significativa visita de Pujol es una simbiosis de palabra y de acción, es decir, que conjuga el hecho de hacer (ir a Codorníu) y el hecho de decir (discurso), una acción que es también una forma de decir (la visita se entiende, en ese contexto, como un modo de expresar el apoyo a Codorníu) y un decir que a su vez es un modo de acción (en el mismo contexto, las declaraciones de Pujol son un modo de tomar partido por Codorníu o de abofetear a Freixenet). En fin, que hacer es un modo de decir, o de expresarse, y decir es una manera de hacer, o de actuar, y que decir y hacer, juntos o por separado, en la misma dirección o en oposición, son o pueden ser expresivos, altamente significativos, más allá de su sentido inmediato, literal, en función del contexto de interpretación que se propone. Y todavía otro apunte: tan significativo puede ser decir o hacer como dejar de decir o dejar de hacer, es decir, que tan expresiva puede ser la acción como la omisión, la palabra como el silencio. Ya he dicho que el silencio intencionado es, en este sentido, un texto por omisión.
La intermediación que representa el periodismo comporta que la periodista sea, en primera instancia, receptora e intérprete inexcusable de informaciones (declaraciones, comunicados, informes, datos…), y luego, productora de textos informativos en los que proyecta, a veces también de forma explícita, pero de modo implícito siempre, las interpretaciones de naturaleza contextual y las valoraciones subyacentes de orden ideológico que han gobernado de cabo a rabo todo el proceso informativo. Un proceso en el que, al igual que el agua se vuelve hielo, y viceversa, el hielo se vuelve líquido, sin solución de continuidad, igualmente los hechos se empalabran —palabras que refieren hechos—, y la palabras se convierten en hechos —hechos que a su vez se expresan con otras palabras—, supuestas ecuaciones donde la relación no es nunca de simple igualdad o casi, como a menudo se pretende, sino de representación intencionada, de interpretación y valoración. En definitiva, pues, la periodista es en primer lugar receptora de toda clase de informaciones (orales, escritas, audiovisuales), y luego productora de textos informativos que, mediante un proceso de interpretación y valoración contextual, dan noticia de los datos y hechos de referencia y les dan o les atribuyen un sentido, de orden contextual, claro.
Examinemos, por ejemplo, la noticia de la rueda de prensa de Otegi citada para destapar el proceso básico de elaboración de la información. En primer lugar, tenemos las manifestaciones (texto1) que el portavoz de Batasuna (fuente) hace públicas en un determinado contexto de enunciación (Contexto1) que la periodista considera significativo; en un sentido aún intuitivo, preteórico, sostendremos que el Contexto1 incluye desde los aspectos prosódicos (tono) y paralingüísticos (gestos) que subrayan las palabras de Otegi hasta la situación política inmediata (el aviso de suspensión de Batasuna, la Ley de partidos, la crisis recurrente con el PNV…) y mediata (el secular conflicto entre los nacionalismos vasco y español, o el terrorismo de ETA). Es mediante la contextualización pertinente de la declaraciones de Otegi (Texto1+Contexto1) que la periodista las interpreta como una amenaza y así lo expresa en la información (Texto2) que publica en determinado medio (Contexto2). Finalmente, el lector reinterpretará el texto informativo según el contexto mediático (Texto2+Contexto2) y elabora su versión (Texto3), que se parecerá mucho o poco a la información periodística en función de la consistencia informativa y persuasiva del texto, y sobre todo según el grado de empatía ideológica y política entre periódico y lector.

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La producción textual de la información presupone, pues, la interpretación de los textos promovidos por, o bien obtenidos de, las fuentes según un contexto de interpretación que la periodista considera pertinente, significativo. Y de acuerdo con el sentido atribuido de este modo a las noticias, la periodista formulará de manera explícita o sólo implícita tal interpretación contextual del hecho de actualidad, pero en los dos supuestos el texto de la información tendrá que describir los elementos sustanciales de la información y recuperar el fondo contextual que legitima y avala la interpretación y valoración de la noticia de actualidad que el texto propone de modo explícito o sólo implícito.

A menudo, la materia prima informativa son declaraciones, hechas en rueda de prensa o en exclusiva, es igual, o sea, textos orales que tienen un componente verbal pero también un componente no verbal, conformado por los fenómenos prosódicos y paralingüísticos que subrayan, matizan, amplifican, modifican y a veces incluso contradicen el significado digamos verbal de la expresión lingüística. Dicho de modo coloquial, los humanos hablamos con la boca pero nos expresamos con todo el cuerpo, y ya se sabe que a veces una mirada dice más que cualquier palabra, que nos fiamos más de lo que dicen los ojos que lo que dice la boca, y del mismo modo sabemos que el tono de voz puede pervertir con ironía o sarcasmo el significado ordinario de la lengua. Tal como explica el lingüista John Lyons:
“[…] Superpuesto al componente verbal de cualquier enunciado oral (la cadena de palabras de que se compone) hay siempre necesariamente un componente no verbal, que los lingüistas subdividen aún más en un subcomponente prosódico y un subcomponente paralingüístico […] Estos aspectos no verbales de un enunciado son tan pertinentes para la determinación del significado del enunciado como lo son los significados de las palabras que contiene y su significado gramatical, codificados en el componente verbal.” (Lyons, 1997: 60, 61).

Además, las declaraciones se hacen siempre en una determinada situación, que también puede resultar significativa a la hora de determinar el sentido de la palabras. Quiero decir que no es lo mismo acusar con vehemencia al adversario en un mitin electoral que insinuar tales acusaciones en sesión parlamentaria: según cómo, pueden resultar mucho más comprometidas, significativas y elocuentes las insinuaciones segundas que los berrea del candidato a mandamás, a causa justamente de la solemnidad institucional de la indirecta y de la licencia electoral del aspirante. Al final, lo que dice uno y otro habrá que relacionarlo, por ejemplo, con lo que dijeron ellos mismos en otros momentos (cotextos) y sobre todo tendremos que situarlo en aquel contexto social, político, económico, histórico, que nos permita una interpretación global, fundamentada, argumentada y por eso mismo legítima de las intenciones de uno y otro y del sentido último de sus declaraciones.
Claro que, cuando la periodista redacte la información, las palabras originales perderán, aunque las cite literalmente, todos estos componentes prosódicos y paralingüísticos sobrepuestos o contrapuestos a la cadena verbal de los enunciados, y si los considera relevantes, entonces tendrá que encontrar el modo de restituirlos al texto de la información. Igualmente tendrá que reintegrar los aspectos significativos de la situación de enunciación de tales declaraciones. En este sentido, quiero recordar que la literalidad (la cita entre comillas, el fragmento de voz o de imagen) es una estrategia habitual del objetivismo para inducir al engaño, es decir, que la descontextualización es una estrategia recurrente de los profesionales del engaño (y también de los aprendices como usted, no nos engañemos) para desvirtuar las intenciones y deformar el sentido de las declaraciones, y viceversa, a veces son los mismos declarantes —los políticos, por ejemplo—, los que para desautorizar la interpretación que se ha dado a sus palabras aseguran que se han sacado de contexto . Subrayo que si la literalidad de las palabras o de las imágenes puede ser engañosa es porque más allá de lo que se dice o se muestra está lo que se da a entender, lo que se dice sin decir o lo que se sugiere sin enseñar, es decir, que más allá del significado explícito están los implícitos que se insinúan cuanto más y mejor se disimulan. Y aunque no se expresen formalmente, o justamente por esto mismo, la información implícita resulta tanto o más eficaz que la explícita porque, tal como apunta Ducrot, la estrategia de la información implícita permite tirar la piedra y esconder la mano:
“[…] à la fois de dire certaines choses, et de pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, de les dire, mais de façon telle qu’on puisse en refuser la responsabilité.
“[O lo que es lo mismo,] dire quelque chose sans accepter pour autant la responsabilité de l’avoir dit, ce qui revient à bénéficier à la fois de l’efficacité de la parole et de l’innocence du silence. […] la stratégie est simple. Le locuteur réduit sa responsabilité à la signification littérale, qui, nous avons insisté sur ce point, peut toujours se présenter comme indépendante. Quant à la signification implicite, elle peut, avec une certaine apparence, être mise à la charge de l’auditeur: celui-ci est réputé la constituer, par une sorte de raisonnement, à partir de l’interprétation littérale, interprétation dont il tirerait ensuite, à ses risques et périls, les conséquences possibles” (Ducrot, 1972: 5, 12).

Finalmente, la periodista tendrá que aportar al texto informativo todos los elementos del contexto, inmediatos y mediatos, que considere capitales para dar una profundidad de campo reveladora al primerísimo primer plano de las declaraciones o de cualquier otra noticia de actualidad. La naturaleza intermediaria, diferida, del periodismo obliga a reintegrar al texto informativo los aspectos más significativos del contexto identificados en la etapa pretextual, es decir, que la buena información exige la restitución textual de los marcos contextuales inmediatos o mediatos de los hechos de actualidad que determinan y acreditan la calidad, la envergadura, el rango y el sentido atribuido a las noticias. Para entendernos, casi nunca basta con referir de forma literal las declaraciones o los datos básicos del hecho que consideramos noticia, aunque se transcriban o se detallen de modo exhaustivo, porque siempre nos faltará información básica de la enunciación misma —prosódica, paralingüística—, de la situación inmediata —lugar, ocasión, condición, interlocutores…— y también del contexto político, económico, social…, en que tales declaraciones o tales datos toman un sentido que va más allá de la simple literalidad, de modo que la misma literalidad puede ser ratificada, amplificada pero igualmente desbordada, rectificada, cancelada e incluso contrariada por el contexto. El caso examinado de la visita de Pujol a Codorníu me pare que ilustra con creces la necesidad y la relevancia de la contextualización de la información. O lo que es lo mismo, confirma la dependencia contextual del sentido, de la actualidad y de la vida misma.
Así pues, los textos informativos, sobre todo en prensa escrita, pero también los audiovisuales, se ven obligados a referir verbalmente todos los componentes extralingüísticos —prosódicos, paralingüísticos— y contextuales que se consideran determinantes del sentido de la información, ni más ni menos que para fundamentar y legitimar la interpretación y valoración que se propone, casi siempre de modo implícito, de la noticia actualidad. En este sentido podríamos decir que hay una relación inversamente proporcional entre comunicación y situación, entre texto y contexto, de modo que en general la falta de contexto conocido y compartido entre los interlocutores demandará más texto, que mediatice y aproxime el contexto, y todo lo contrario, si los interlocutores ya comparten contexto, la misma información necesitará menos texto. Para continuar con el ejemplo citado, podríamos decir que sin la cooperación elocuente del contexto de enunciación —el escenario definitivo de las cavas Codorníu, la ocasión nada inocente de la entrega del diploma de calidad europeo, el litigio con Freixenet—, Pujol tendría que hablar más, o mejor dicho, sobre todo tendría que hablar más claro, ser más explícito, si quisiera suscitar el sentido que en aquel contexto de ‘la guerra del cava’ era capaz de cebar con sólo su presencia todavía honorable entonces, solo porque desconocíamos sus trampas de rico heredero.

 

[1] Aunque el DRAE no recoge el término, lo uso en el sentido que aquí se expone: describir, designar y en definitiva referir los ‘hechos’ con palabras, que no es un proceso mecánico ni neutro, sino siempre significativo, y a menudo tendencioso.

[2] No es nada extraño, todo lo contrario, parece muy razonable, no hay más que ver, por ejemplo, que meaning en inglés se usa tanto para referirse a ‘significado’ como para referirse a ‘propósito’ o ‘intención’, dando a entender una correspondencia o equivalencia conceptual entre las palabras.

[3] A les puertas de las fallas, el Tribunal Supremo acordaba por unanimidad la ilegalización de Batasuna (17 de marzo del 2003), decisión que no deja de parecer un despropósito jurídico y una maniobra política que se veía venir sobre todo después de los últimos espectáculos judiciales al servicio del patriotismo constitucional. Recordemos, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Supremo, don Francisco José Hernando, que es quien leyó la sentencia contra Batasuna, ya despachó una ajustadas letanías contra los obispos vascos y su polémica pastoral contra la violencia, Preparar la paz: “Si la pastoral no es una perversión, desde luego la roza o la toca. Desde un punto de vista puramente cristiano, no se comprende como se puede estar al lado de los que favorecen el terrorismo y no al lado de las víctimas” (El País, 4 de junio del 2002, p. 15). Sobra decir que, ni les falsas acusaciones lanzadas contra los obispos vascos, ni la lectura tendenciosa de la pastoral comprometen ni poco ni mucho la imparcialidad contrastada del presidente del Supremo, Francisco José Hernando. Meses después, el Tribunal Constitucional hacía un regalo de reyes al Gobierno del PP (16-01-2004) y ratificaba per unanimidad la ilegalización de Batasuna dictada por el Supremo.

[4] Declaraciones recogidas por El País: “Otegi llama ‘a la pelea’ y niega que amenazase al Gobierno vasco. El portavoz de Batasuna dice que sólo pidió a Ibarretxe “responsabilidad”, domingo 25 de agosto de 2002, p. 13, edición Cataluña. También las recogía ABC: “Otegi niega ahora que amenazara a Ibarretxe y tacha al lehendakari de ‘agente ejecutor’ del PP”, domingo, 25 de agosto de 2002, p. 13.

[5] Ahora ya sabemos en qué consistía ‘el trabajo bien hecho’ del nada honorable Pujol, Ferrusola y retoños: al final, ni dignidad ni honor, pero pasta gansa.

[6] “En Cataluña todos conocemos la calidad del cava; ahora lo que hace falta es que se sepa en el exterior. Está claro que hay gente que hace bien las cosas, obsesivamente bien, diría, y también los hay chapuceros” (Avui, 29-XI-1996). Traduzco barroers por chapuceros y no por groseros, rudos, toscos, zafios, etcétera, porque entiendo que interpreta mejor la oposición que establecía Pujol entre los que hacen las cosas bien y los que las hacen mal o de cualquier manera.

[7] Por ejemplo, poco después de que el Rey de España asegurara que el castellano “nunca fue lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se obligó nunca a hablar en castellano”, la entonces ministra de cultura (?), Pilar del Castillo, recurrió al contexto para intentar excusar o disimular el sentido abierto, claro, innegociable del discurso real: “Las palabras del Rey se sacaron de contexto”, decía la ministra a A. Espada (El País, 06-05-2001), en una excelente entrevista, donde además, por si no había quedado lo bastante clara la poca vergüenza o la mucha ignorancia, Del Castillo añadía: “Habría que ver cuándo se ha prohibido hablar una lengua en España.” En este caso, el contexto era una triste coartada. O el monarca hacía broma.

[8] Hay una versión castellana (Ducrot, 1982) que contiene algunos errores curiosos: por ejemplo, el final del fragmento aquí citado —l’innocence du silence—, en la traducción española se ha convertido en “la inocencia del siglo”. ¿O será del sigilo? Raro, raro.

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